Robos y estafas: Crecen los delitos en la Web y las leyes no se actualizan

Robos y estafas: Crecen los delitos en la Web y las leyes no se actualizan

Según estudios privados, algunas modalidades aumentaron más de un 70% el año pasado. Sin embargo, el robo de identidad virtual aún no está considerado delito y tampoco otras formas de engaño.

Por Virginia Messi | 03/02/13

“En Internet sos quien quieras ser”. La frase –en boca de un investigador policial dedicado a combatir los delitos informáticos– resume, en gran parte, el origen de los males que trajo aparejados el boom de la red. Haciéndose pasar por un banco, un pirata informático puede lograr que un usuario le revele su clave de transferencia de fondos; simulando ser un adolescente, un pedófilo contacta a sus víctimas; presentándose como un comprador de buena fe, un estafador aprovecha los mercados virtuales para despojar a los desprevenidos.

Según los especialistas consultados por Clarín, el panorama es preocupante: los delitos informáticos crecen tan rápido como la mismísima Red y nuestra legislación –aunque fue actualizada en 2008– aún tiene grandes vacíos: el robo de identidad virtual no es delito y no existen normas procesales que especifiquen la validez y el procedimiento que debe cumplirse para que un mail sea tomado como prueba en un proceso penal.

Un dato en medio de la falta de estadísticas: de acuerdo al último informe del sitio Segur-Info, que recaba, estudia y hace seguimientos sobre esta problemática, los mails maliciosos (para obtener información sensible de los usuarios mediante engaños) crecieron un 71% entre 2011 y 2012. En este último año, el sitio recabó 657 denuncias. Hay que tener en cuenta, además, que el “phishing” –como se denomina a esta técnica de defraudación– no es un delito.

Todo esto es un problema que las autoridades, como cualquier fenómeno relativamente nuevo, todavía no se decidieron a encarar con uniformidad. Mientras que el gobierno de la Ciudad acaba de crear la primera fiscalía temática del país, en la Justicia nacional no existe ningún equipo especial, como si los hay en casos de lavado de dinero o de trata de personas.

“Tener una fiscalía de Delitos Informáticos es una necesidad. Hoy se usa la tecnología no solo para estafas; en un homicidio, por ejemplo, parte de la prueba puede ser digital y hay que saber cómo evaluarla y manejarla. Hoy todo es un caos”, aseguró a Clarín Ricardo Sáenz, fiscal de la Cámara del Crimen de Capital y autor de un proyecto que propone la creación de una Oficina de Coordinación y Asistencia Jurídica y Técnica Especializada en Delincuencia Informática.

“La delincuencia informática constituye una amenaza global para todas las sociedades modernas, en especial cuando la comisión de estos delitos excede las fronteras políticas tradicionales”, dice Sáenz en su proyecto, presentado a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

La Policía también tuvo que aggiornarse. En la Federal, la Sección de Informática Criminal Económica (creada en el 2000, que solo se ocupaba de estafas o delitos económicos) fue transformándose hasta llegar hoy a la División Delitos Informáticos. Además desde hace tres años la materia “Delitos Informáticos” es de cursada obligatoria para lograr un ascenso.

En el ámbito de la Ciudad, las investigaciones se complementan entre la División Investigaciones Telemáticas de la Policía Metropolitana (creada en febrero de 2010) y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Justicia porteña.

El fenómeno de los cyberdelitos crece “pero conseguir estadísticas es complicado: las empresas afectadas no los brindan y, en cuanto a pornografía infantil, pasa algo similar por lo sensible de la información”, explicó a Clarín Cristian Borghello, de Segur-Info. “Por día nosotros recibimos un promedio de entre 12 y 15 avisos de usuarios que recibieron ‘phishings’ (falsos mails de bancos que piden información personal, por ejemplo). Según el especialista, “sólo el 1 % de las personas a las que se les envía un mail engañoso cae en la trampa”. Pero aún así, es mucho: los correos se mandan de a miles y miles y los estafadores ganan millones.

Fuente: Clarín

Los interrogantes que se están planteando en nuestros tribunales

Por Marcos Salt, Profesor de Derecho Penal y Procesal (UBA)

La tecnología informática y el enorme desarrollo de las telecomunicaciones, especialmente Internet, han planteado al sistema penal distintos desafíos y la necesidad de cambios en las normas. Es fácil advertir que el avance de la tecnología es más rápido que la adecuación del Derecho a este nuevo fenómeno. Más lento aún resulta el proceso de capacitación de los operadores del sistema penal sobre estas nuevas herramientas tecnológicas, aún cuando resulta creciente su influencia como medio de prueba.

Conceptos como el de dirección IP, datos de tráfico y contenido, alojamiento de información en la nube, registro y secuestro de datos en soportes informáticos o búsquedas en redes sociales se han hecho comunes en el lenguaje de las investigaciones, aún cuando la ley no los ha regulado de manera adecuada y jueces, fiscales y abogados no han recibido capacitación y, en muchas ocasiones, desconocen nociones básicas.

Así, se produce una utilización poco eficiente de estas herramientas tecnológicas o, peor aún, un uso abusivo de ellas, violando garantías individuales (la prensa ha dado cuenta de importantes investigaciones que se caen por nulidades en la adquisición de la evidencia digital).

Desde el sentido común parece evidente que el intento de aplicar las normas pensadas para la evidencia física a entornos digitales no puede arribar a buenos resultados. Algunos ejemplos permiten advertir la complejidad de los problemas que se plantean.

Supongamos que un juez autoriza el registro y secuestro de documentos almacenados en el sistema informático de un banco (por ejemplo, de los movimientos de cuenta de un acusado). Si se tratara de documentos físicos solo sería posible encontrar aquellos documentos que están en el domicilio que es objeto del allanamiento en el momento en el que se produce la medida. En el caso de un disco rígido, la búsqueda con elementos de informática forense permite encontrar no sólo los documentos existentes sino también los que fueron borrados incluso meses o años antes. La cuestión se puede complicar aún más.

Supongamos ahora que los documentos que sirven para la investigación están alojados en el servidor del banco que está en un país extranjero. ¿Es posible adquirir la evidencia sin que esto constituya una violación al principio de territorialidad o a la soberanía del país donde está el servidor? Pensemos en las causas por distribución de pornografía infantil que se inician en otros países por investigaciones realizadas por agentes que “rastrillan” la red, cuando esta medida no está prevista por nuestra legislación. Estos son sólo una muestra menor de los interrogantes que se están planteando en nuestros tribunales, sin solución en la ley actual.

Fuente: Clarín

Una fiscalía dedicada a los delitos informáticos

Funciona como prueba piloto en la Ciudad. No hay ninguna nacional.

Por lo pronto se trata de una experiencia piloto de un año. Pero lo cierto es que desde el 15 de noviembre último en Buenos Aires funciona la primera fiscalía especializada en Delitos Informáticos. Esta unidad de investigaciones – hasta ahora, única en su tipo en el país– fue creada por el Ministerio Público de la Ciudad. Su tarea: investigar casos que van desde el daño informático hasta la producción y distribución de material pedófilo en la red, pasando por el “bullying” (acoso a través de las redes sociales, principalmente) o amenazas, siempre por medio de un soporte tecnológico.

Como la fiscalía especializada –a cargo de Daniela Dupuy– pertenece a la Justicia de la Ciudad, los hechos en los que puede intervenir son limitados. Por ejemplo, no les corresponde investigar casos de defraudaciones, estafas o abusos de menores facilitados por medio de Internet.

“Los avances tecnológicos han introducido nuevos riesgos en la sociedad, pues su desarrollo aumentó significativamente e incidió en la relaciones humanas”, evaluó el fiscal general porteño Germán Garavano en los fundamentos de su Resolución 501/12, por la que se creó la fiscalía. La integran cuatro abogados que trabajan tanto con la Policía Federal como con la Metropolitana y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (Policía Judicial de la Ciudad).

“Hoy por hoy los casos que más nos preocupan –por su características y por lo que crecen– son los de pornografía infantil. En general las investigaciones se inician por pedidos de fuerzas internacionales, como Interpol, que localizaron en Buenos Aires a los usuarios”, explicaron a Clarín en la fiscalía especializada.

Ante este panorama, uno de los principales proyectos para 2013 “es hacer campañas en los colegios, sobre todo hablar con los chicos para explicarles los riesgos que corren”, señalaron.

Fuente: Clarín

Los mails, una prueba difícil de usar en la Justicia

En pocos casos quedó tan claro lo sensible que puede ser la prueba digital como en el del ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, investigado por actos de corrupción.

En la causa se secuestraron 11 computadoras pertenecientes a su asesor, Manuel Vázquez, y en ellas se encontraron mails que comprometían al funcionario con pedidos de “retornos” a empresas y sobreprecios.

Sin embargo los mails no fueron considerados prueba válida: en mayo la Sala I de la Cámara Federal consideró que no habían sido correctamente resguardados para evitar posibles adulteraciones.

Fuente: Clarín