La Comisión de Propiedad Intelectual de España tramitará las denuncias y establecerá un sistema de alegaciones y avisos para las páginas antes de llevarlas al juez.
Las páginas web que voluntariamente retiren los contenidos protegidos por derechos de autor que hayan colgado en Internet sin autorización no serán penalizadas con ninguna sanción. Esta es una de las garantías que se quiere otorgar a las webs en el procedimiento que prepara el Gobierno para regular las descargas de Internet.
El Ejecutivo confirmó ayer que el Consejo de Ministros del próximo viernes, día 8, estudiará la fórmula que desarrollará la normativa «antipiratería» contenida en la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. El procedimiento a seguir combina un proceso de autorización judicial muy rápido para el cierre de webs denunciadas -menos de un mes, incluso 24 horas- con otro proceso administrativo previo, más garantista, en el que los responsables de las páginas podrán hacer alegaciones, proceso éste que puede prolongarse hasta tres meses.
En todo el procedimiento, el órgano clave será la futura Comisión de Propiedad Intelectual, un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura e integrado por expertos independientes (ex magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y autoridades de Internet). Ella será la encargada de presentar la petición de medidas cautelares ante el juez, y de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados.
El proceso para el bloqueo de una web se iniciará precisamente cuando estos propietarios de derechos -una productora cinematográfica, una discográfica o el mismo autor de una canción- denuncien ante la Comisión a la página que presuntamente está comercializando, almacenando o enlazando sin autorización un archivo suyo, ya sea una película, un álbum musical o un videojuego. La Comisión entonces estudiará el caso y comprobará si se están infringiendo esos derechos. Acto seguido notificará a la web la denuncia y se abrirá un periodo de alegaciones para los responsables de la página. Una vez estudiadas esas alegaciones, si la Comisión entiende que no son suficientes, notificará oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo.
Si no hay rectificación, entonces -y sólo entonces- la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares que consistirán en «la interrupción de la prestación de los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos» en el caso de páginas nacionales (es decir, el cierre), o el bloqueo a sitios web extranjeros con contenido ilícito que deberán llevar a cabo los operadores nacionales de acceso a Internet (Telefónica, Vodafone, Orange, Ono, Jazztel, etcétera).
El juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si la Comisión es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestión, y si con ésta no se vulnera algún derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la información o a la libertad de expresión. En esta fase judicial del caso, los plazos se reducirán al mínimo. Desde que la Comisión lleve al juez el caso hasta que éste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirán días, pero, en cualquier caso, menos de un mes. Ambas partes podrán dilucidar luego, en un procedimiento judicial ordinario, el fondo del asunto.
La salomónica fórmula elegida por el Gobierno intenta contentar a todas las partes. A la industria cultural -representada por la llamada Coalición de Creadores-, ofreciéndole como reclamaba un procedimiento rápido para impedir las descargas no autorizadas; y a la comunidad internauta, introduciendo la autorización judicial previa. De paso, haría realidad la promesa del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero de que «no se cerrará ninguna web sin decisión judicial».
El primer problema que plantea esta solución es el procedimiento. El Ejecutivo entiende que no es preciso modificar ninguna ley y pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, en el que se fijen los plazos definitivos y la composición y funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual.
Ésta es una de las principales dudas que plantea el proyecto entre juristas y expertos de Internet. «No es suficiente con que las garantías para las webs vayan en un reglamento; deben constar en una ley, en este caso, en la Ley de Economía Sostenible. Los reglamentos no pasan por el Parlamento. Además, ¿quién dice que ese reglamento no va a ser modificado por el Gobierno en un tiempo y van a desaparecer las garantías de tutela judicial?», señala Julio Alonso, director general de Weblogs.
Fuente: ElPais.com
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