Expertos en seguridad on line dudan sobre legalidad del SUBE

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Dicen que no está claro que cumpla con la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y que podrían surgir presentaciones a la Justicia.

Por Cesar Dergarabedian | 04/02/2012

La implementación personalizada de la tarjeta del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) a partir del 10 de febrero pone de relieve un tema del que pocas veces se habla: el manejo de la información personal que realizan el Gobierno y el sector privado. El debate alcanza también el acceso a información que podría ser sensible para la privacidad de las personas, algo que quedó en evidencia tras la difusión de una lista con los viajes en medios de transportes de miles de usuarios de la tarjeta realizada por miembros del grupo de activistas informáticos Anonymous.

El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, admitió que el boleto con subsidio quedará reservado a quienes lo necesiten según su nivel de ingresos, decisión que tomará el Estado tras entrecruzar datos entre la base del SUBE y las del Ministerio de Desarrollo Social y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). ¿Por qué esta plataforma, definida por Schiavi como “fabulosa”, motivó una protesta de intercambio de tarjetas (ver recuadro) y podría ser impugnada por la Justicia?
Las principales objeciones expresadas a PERFIL por abogados especializados en privacidad y consultores informáticos recaen sobre la legalidad y la seguridad del sistema, al cual, sin embargo, reconocieron algunas bondades: “Unificar medios de pago para los diferentes transportes es una medida acertada. Evita que las transportadoras tengan dinero circulando en la calle y elimina el conflicto con las monedas”, señaló Macarena Pereyra Rozas, del estudio Carranza Torres y Asociados. “Es un avance; es mucho más ágil el ascenso de los pasajeros y contribuye a solucionar problemas de seguridad de los choferes”, destacó Ricardo Sáenz, fiscal general en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Pero aunque el SUBE no es el único lugar donde los argentinos registran sus datos personales (tarjetas de crédito y obras sociales requieren esa información obligatoriamente y también muchos se dejan de manera voluntaria al participar en redes sociales como Facebook), la necesidad de tener que dar el DNI a cambio del plástico genera resquemores.

“En general, suele haber un compromiso de privacidad que asume quien requiere los datos y que en caso de usarlos indebidamente nos da derecho a accionar, aunque sea difícil hacerlo”, recordó Carlos Pallotti, director de la Fundación Clementina, que reúne a empresarios, investigadores y académicos tecnológicos. Pero en el caso del SUBE, dice, se va más allá: “Piden datos que luego se complementan con los que el propio sistema registra y que permiten que casi cualquiera pueda saber por dónde y a qué hora viaja una persona. Esto avanza claramente sobre las garantías constitucionales”.
“No estamos armando un registro tipo Gestapo. Cada tarjeta es un número asociado a un DNI. Esto servirá para derivar subsidios y modelizar el sistema de transporte”, aclaró Schiavi para calmar a los usuarios preocupados. Pero para el abogado Gustavo Tanús, “resignar buena parte de la intimidad a cambio de una reducción en el costo del pasaje es una moneda de cambio demasiado grande. Ya bastante información tiene el Estado sobre la gente”.

Un dictamen de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) –el Nº 27/2011– detalla que el SUBE “tiene carácter confidencial, pudiendo sólo acceder a ella los propios tenedores, y será utilizada a los fines de la cancelación y devolución del saldo, en caso de robo o extravío”. Pero la web del sistema “no asegura que el sitio cumple con la ley 25.326 de protección de los datos personales”, advirtió Cristian Borghello, director del portal Segu-Info.

Para Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, “no se trata sólo de un abuso por parte del Estado sino que además esta base de datos puede caer en manos de terceros con malas intenciones”. Ocurre que el sistema almacena los movimientos relacionados con los viajes de una persona, la hora y el sistema de transporte usado. El registro queda en Internet y el beneficiario puede acceder a ese detalle con el número de su tarjeta. Y, claro, queda expuesto a la actividad de los hackers.

En alerta. Sáenz no le niega importancia a la cuestión, pero descree que con el SUBE “se esté generando un Gran Hermano para controlar a la población”. En cambio, Busaniche se quejó: “Quienes nos neguemos a que se vulnere nuestro derecho a la intimidad vamos a tener que pagar el boleto más caro. Ejercer un derecho no puede costar dinero: los derechos deben ser para todos por igual”.

UNA FORMA DE PROTESTA QUE PUEDE CAUSAR PROBLEMAS

Un grupo de jóvenes propuso intercambiar la tarjeta del SUBE para evitar que el Gobierno conozca los movimientos de los usuarios. “Nuestra protesta no es en contra del boleto electrónico, pero denunciamos el ataque a nuestra privacidad que significa que se registren todos los movimientos que realizamos”, explicó Gonzalo Blousson, vocero del Partido Liberal Libertario (PLL), quien recordó que el boleto electrónico “existe en muchos países del mundo y en ninguno se exige la presentación de un documento de identidad para obtenerlo”. El objetivo principal de la protesta “es concientizar a la población sobre el avance del Estado sobre nuestra vida privada y nuestras libertades”, expresó Blousson.
“Como ningún partido de la oposición levantaba su voz, nos vimos obligados a hacerlo nosotros. Esperamos que ahora que el problema se hizo público la oposición busque cambiar esta atrocidad desde el Congreso”, dijo el vocero, quien no descartó la posibilidad de organizar “un día general de cambio de SUBE”.

Fuente: Perfil

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