Países de todo el mundo deben proteger la privacidad en la era digital

20/09/2013

La vigilancia masiva descontrolada representa una amenaza a los derechos

Los gobiernos de todo el mundo deben proteger enérgicamente la privacidad en línea a través de leyes y políticas más fuertes, a medida que la vigilancia electrónica se expande y se vuelve universal. Hay una necesidad urgente de reformar las prácticas nacionales de vigilancia para proteger la privacidad de todos, o estaremos arriesgándonos a limitar severamente el potencial de Internet.

La expansión mundial de las comunicaciones digitales, junto con el aumento de los poderes tecnológicos del gobierno, han alimentado nuevas y generalizadas prácticas de vigilancia. Justificar el uso de estas tácticas dentro de marcos jurídicos obsoletos ha permitido intrusiones amplias y altamente invasivas en el derecho a la privacidad. Para orientar a los países en la modernización de la protección a la privacidad, Human Rights Watch ha respaldado un conjunto de Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones, publicados el 20 de septiembre de 2013, por un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil en Ginebra.

“Las impactantes revelaciones de la vigilancia masiva por parte de Estados Unidos y Reino Unido muestran cómo las medidas de protección de la privacidad no se han mantenido al mismo ritmo que la tecnología”, indicó Cynthia Wong, investigadora principal de Internet de Human Rights Watch. “A medida que nuestras vidas se vuelven más digitalizadas, la vigilancia descontrolada puede corroer los derechos de todos, así como el estado de derecho”.

Los Principios Internacionales proporcionan directrices inmediatas a los gobiernos y hacen recomendaciones para asegurar que las prácticas de vigilancia de las comunicaciones sean lícitas, necesarias, proporcionadas y queden sujetas a las garantías adecuadas contra los abusos. Los principios, respaldados por más de 250 grupos no gubernamentales, surgieron tras un proceso de consultas de un año de duración entre expertos en derecho de vigilancia de las comunicaciones, en políticas y en tecnología.

Los gobiernos deben comprometerse a revisar sus prácticas nacionales de vigilancia y asegurarse de que son consistentes con estos principios, así como con las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de expresión, dijo Human Rights Watch.

En su discurso de apertura en el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el 9 de septiembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay expresó su preocupación por el amplio alcance de los programas de vigilancia, incluso en EE.UU. y Reino Unido. La alta comisionada instó a todos los países a asegurarse de que cuentan con las garantías adecuadas para proteger el derecho a la privacidad y otros derechos humanos, incluso “en los casos en que las preocupaciones de seguridad nacional pueden justificar el uso excepcional y estrictamente delimitado de la vigilancia”.

Las declaraciones de Pillay hicieron eco de las proféticas recomendaciones de Frank La Rue, relator especial sobre el derecho a la libertad de expresión, en su informe anual al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en abril. La Rue advirtió que marcos legales inadecuados “crean un terreno fértil para las infracciones arbitrarias e ilegales del derecho a la intimidad en las comunicaciones y, en consecuencia, representan una amenaza a la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión”.

Tanto la alta comisionada como el relator especial reconocen que las leyes nacionales no se han mantenido al día con los cambios tecnológicos, dijo Human Rights Watch. Muchos regímenes de vigilancia fueron implementados antes de que existieran las redes sociales y cuando la comunicación transfronteriza era relativamente poco frecuente. En una era pre-Internet, las técnicas de vigilancia convencionales requerían mano de obra intensiva y mucho tiempo, lo que ayudó a limitar las prácticas abusivas y arbitrarias.

Hoy en día, las autoridades pueden configurar un retrato detallado de la vida de una persona a partir de una simple solicitud a una empresa de telefonía móvil. Los costos del almacenamiento de datos y el procesamiento informático siguen reduciéndose, por lo que la interceptación masiva de cables de fibra óptica se vuelve factible. Conforme muchos aspectos de la vida de las personas se digitalizan, los gobiernos serán capaces de rastrear la ubicación de las personas, sus asociaciones y comunicaciones con una eficacia aun mayor.

Los detalles de los programas de vigilancia de Estados Unidos y Reino Unido revelados por Edward Snowden, el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés), son emblemáticos de esta tendencia, indicó Human Rights Watch. Información revelada por The Guardian el 21 de junio sugiere que, desde 2011, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno de Reino Unido (GCHQ, por sus siglas en inglés) ha estado interceptando cables de fibra óptica que transportan datos de Internet dentro y fuera del país. Los artículos de The Guardian alegan que estos datos incluyen grabaciones de llamadas telefónicas, el contenido de correos electrónicos y datos sobre el acceso a sitios web y redes sociales, y que el Reino Unido podría estar compartiendo esa información con EE.UU.

En EE.UU., documentos secretos y opiniones judiciales han puesto de manifiesto que los programas de vigilancia de EE.UU. no tienen un blanco específico ni son proporcionales, señaló Human Rights Watch. Reportes de prensa indican que EE.UU. está accediendo a enormes cantidades de datos a través de la interceptación de cables y mediante la solicitud de las comunicaciones de usuarios almacenadas por las grandes empresas de Internet y telecomunicaciones que operan a nivel mundial. Si bien el alcance exacto de la recopilación y uso de datos todavía no está claro, los documentos revelados sugieren que las garantías actuales de privacidad han sido violadas miles de veces en los últimos años, lo que pone en tela de juicio la idoneidad de los mecanismos de supervisión.

Tanto el gobierno de EE.UU. y como el de Reino Unido parecen estar entrometiéndose en la vida privada digital de personas en todo el mundo, la gran mayoría de las cuales no son sospechosas de ningún delito. Lo que es todavía más preocupante es que ninguno de los dos gobiernos parece dispuesto a reconocer públicamente los intereses de privacidad de las personas fuera de sus fronteras, ya sea legal o retóricamente.

Sin embargo, los problemas con los programas de vigilancia del Reino Unido y EE.UU. son representativos de una cuestión global más amplia. Debido a lo intrusiva que puede ser la vigilancia digital, todos los gobiernos deberían revisar sus prácticas y actualizar las leyes para garantizar la protección de los datos de todos los usuarios, independientemente de su nacionalidad o ubicación, señaló Human Rights Watch.

Las acciones de EE.UU. y Reino Unido también llaman la atención sobre las maneras en que los gobiernos están presionando cada vez más a las empresas de Internet y telecomunicaciones para que les ayuden a monitorear la actividad en línea. Los usuarios de Internet confían en las empresas para que almacenen y transmitan los detalles más íntimos de su vida cotidiana. Estas empresas tienen la responsabilidad de salvaguardar la privacidad de los usuarios y evitar contribuir al mal uso de los poderes de vigilancia por parte de los gobiernos.

Conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 y las directrices de la Iniciativa de Red Global (GNI, por sus siglas en inglés), las empresas de tecnología deben demostrar verosímilmente que están defendiendo a sus usuarios y que tratan de operar con mayor transparencia. La GNI es una coalición global de compañías, organizaciones de derechos humanos, inversionistas y académicos que se formó para abordar cuestiones de responsabilidad corporativa en el sector de la tecnología. Los gobiernos deberían permitir que las empresas revelen información agregada sobre las solicitudes de vigilancia.

Al igual que las leyes nacionales se han quedado obsoletas, las normas internacionales tampoco han seguido el ritmo de los cambios tecnológicos. La Observación General 16 del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a la privacidad no se ha actualizado desde 1988, lo que precede la era digital. En reconocimiento de esta realidad, La Rue ha pedido al Comité de Derechos Humanos que considere la emisión de una nueva observación general sobre el derecho a la privacidad. Human Rights Watch apoya la recomendación del relator para avanzar en la comprensión internacional de cómo las nuevas capacidades de vigilancia pueden socavar la privacidad y otros derechos.

“Sin actualizaciones a los regímenes nacionales de privacidad, nos dirigimos rápidamente hacia un mundo donde la privacidad desaparecerá en el segundo en que nos conectamos a Internet o hacemos una llamada telefónica”, advirtió Wong. “A medida que la adopción de Internet y la comunicación móvil se expande a nivel mundial, cada país debe asegurar que las personas puedan utilizar estas tecnologías sin temor a intromisiones invasivas y desproporcionadas en su vida privada”.

Fuente: Human Right Watch