Artículo original publicado el 21 de mayo de 2014 en ambito.com
El Senado aprobó con 41 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones la ley de Digesto Jurídico, que compila más de tres mil normas y decretos sancionados desde 1852 a la fecha.
El debate, que se extendió por más de una hora, comenzó con la defensa por parte del oficialista Aníbal Fernández, quien destacó que «este Gobierno es el segundo gobierno que envía al Congreso un proyecto de este tipo» y precisó que «el primero fue Perón».
Fernández explicó que con esta ley se eliminará «toda la contaminación legislativa para ponerla en el justo valor que corresponde» y resaltó que «quienes operan en el derecho podrán verlo al igual que cualquier ciudadano de a pie».
El miembro informante del oficialismo precisó que en el digesto -que contempla las normas sancionadas hasta el 31 de marzo de 2013- quedaron vigentes 3.353 y que la mitad corresponde a tratados internacionales.
El radicalismo se opuso a la ley por considerar que el proyecto «es incompleto» porque «omite los decretos reglamentarios» y esto ocasiona que «subsistan decretos reglamentarios de leyes no vigentes».
En esa línea, el radical Mario Cimadevilla cuestionó que «se incluyen como vigentes artículos que perdieron vigencia» y también que «se faculte al Ejecutivo para que determine cuál es la autoridad de aplicación de las leyes, restringiendo funciones al Legislativo».
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en julio de 2011, tiene el aval de la Cámara de Diputados desde noviembre del año pasado, cuando el oficialismo contó con el apoyo de gran parte de la oposición, con la excepción de la UCR y la Coalición Cívica, que votaron en contra.
En tanto, a través de un comunicado, el ministro de Justicia, Julio Alak, manifestó su «profunda satisfacción» por la sanción del Digesto Jurídico, al que calificó como «una obra de trascendencia histórica, la primera en su tipo en el mundo, que democratiza el derecho y lo convierte en patrimonio de todos los ciudadanos».
El Digesto «es un aporte fundamental no sólo para la actividad de todas las personas vinculadas al derecho y a la Justicia, sino para todos los ciudadanos, ya que, al facilitar el conocimiento de la ley, garantiza el ejercicio de los derechos y las obligaciones individuales», agregó Alak.
Fuente: ámbito
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