Por Pedro Janices, director de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cuando participo de exposiciones, charlas o debates sobre tecnología y seguridad me preguntan, a menudo, acerca de “la biometría” y sus mitos y realidades. Lógicamente, -y es atendible la confusión- algunos la consideran como el paradigma del panóptico, o en otras palabras; como un ejemplo de una tecnología de observación y trazabilidad.
Veamos. A muchos de los que se acercan amistosamente con este tipo de dudas, acorde a lo que consideran una violación de sus datos personales o de su privacidad, suelo responder con algunos datos concretos y ejemplos acerca de cómo y quiénes tienen más datos sobre ellos que el gobierno quien, al fin y al cabo, tiene la obligación de otorgar y garantizar la identidad única e irrepetible de cada uno de sus ciudadanos.
En Argentina, a través de la Ley 17.671 que rige desde 1968 (y que ya tuvo 102 modificaciones al día de hoy, lo cual denota su constante actualización) se detalla que es obligación del Estado nacional y mediante el Registro Nacional de las Personas, “la inscripción e identificación de los ciudadanos de existencia visible que se domicilien en territorio argentino o en jurisdicción argentina y a todos los argentinos sea cual fuere el lugar donde habiten”.
También señala la citada norma que se lleven “al menos” ficheros patronímicos, numéricos y dactiloscópicos según el sistema argentino Vucetich u otro “que en el futuro aconseje la evolución de la técnica”, ya vislumbrando el avance de las tecnologías biométricas.
Más adelante amplía: “la identificación se cumplirá ante la oficina seccional correspondiente al lugar donde se domicilie la persona, mediante el testimonio de su nacimiento, fotografías, impresiones dactiloscopia, descripciones de señas físicas, datos individuales, el grupo y factor sanguíneo, dejando expresa constancia de cuales son los datos consignados”, con un claro objetivo de identificar unívocamente a cada persona en resguardo de su identidad.
Siguiendo la línea de razonamiento de los detractores de la biometría o de quienes acusan sobre cierta condición panóptica de la herramienta, es más que entendible como preocupación, pero debemos decir que según las estadísticas y registros los datos más perdidos, robados o entregados son los patronímicos o en otras palabras, los textos (números de tarjetas de crédito, domicilios, nombres, etc.) y no los datos biométricos.
Ejemplificando: ¿Cuánta información se comparte a diario y se expone en las redes sociales o en Internet? ¿Quiénes acceden a esos datos? ¿Cuánta información se brinda a las empresas o cuánta volcamos sobre ciertas organizaciones privadas respecto a nuestras tarjetas de crédito, usos y costumbres, adquisiciones, servicios? ¿A quién llamamos, a menudo, o qué textos enviamos por correo? Claro ejemplo de esto son los servicios 2.0 que se utilizan desde equipos de comunicación móviles (celulares) o desde las propias estaciones (pc).
Como vemos, los datos estrictamente biométricos que se manejan por Internet son escasos, al menos en la actualidad. Y algunos de ellos cuentan con la seguridad necesaria. ¿Por qué sólo algunos? Porque hay buscadores y aplicaciones a los que uno accede a darles nuestras imágenes faciales y hasta registros vocales. ¿Qué debemos hacer, entonces? Leer los acuerdos de confidencialidad de los mismos, y veremos allí todo lo que pueden y no pueden hacer con esos datos que toman o colectan de nosotros.
También es claro que los organismos oficiales tienen políticas de seguridad con respecto a los datos producidos por ellos mismos y también de los cuales son custodios, pero; ¿qué sucede en el sector privado?
Tal vez he aquí el punto mas álgido dado que no nos obligan a dárselo, sino que lo ponen como condición para aceptar el servicio, como ser una aplicación que para darnos un servicio, o permitirnos su utilización, nos impone que le demos nuestra geolocalización y hasta nos informan que las antenas y puntos de acceso WI-FI serán parte de la información que colectaran, y aclaran algunos, que esos datos pueden ser compartidos con terceras empresas asociadas, sin detallar cuales.
Con esto no quiero decir que no deban incluirse políticas de seguridad a los sistemas de uso oficial que utilicen datos biométricos. Por el contrario, tal vez lo que falta difundir es que estos sistemas tienen esas medidas de seguridad implementadas.
Con frecuencia nos preguntamos sobre cuál es el punto que genera la mayor resistencia en el uso de herramientas biométricas; si la legislación, la tecnología o la costumbre. Considero que la tecnología no es un impedimento. Por el contrario, el avance de la tecnología biométrica y de los instrumentos que garanticen su seguridad ha constituido uno de los puntos de crecimiento más fuertes que hemos advertido en los últimos cinco años.
Así, el avance sobre la certidumbre, la variedad de métodos biométricos y los canales de transmisión y almacenamiento se han convertido en hitos más que destacables en términos de crecimiento e inversión. Se estima que para 2017 la inversión ascenderá a más de 13 mil millones de dólares. Referente a lo jurídico, y como hemos indicado más arriba respecto a la Ley 17.671, podemos señalar que desde el año 2000 a la fecha se han confeccionado más de nueve normas de diferente tipo, referenciándose a los datos personales, documentos y la utilización de los medios digitales y biométricos con el fin de mejorar y asegurar la identificación. Por lo que tampoco es un impedimento.
Por último quedaba responder sobre las “costumbres”; los argentinos obtuvimos en su momento la Libreta Cívica o la Libreta de Enrolamiento (según el sexo), más tarde la Cédula de Identidad, Documento Nacional de Identidad y Pasaporte; todos con datos, huellas dactilares y fotografías del rostro, lo cual, -tanto en nuestro país como en muchos países de Latinoamérica- es de metodología común.
Sumado a esto, el único problema real es la desinformación y la mala información. Para paliar estos problemas creamos hace más de seis años el Congreso Internacional de Biometría de la República Argentina (CIBRA) de ingreso libre y gratuito y donde en su ultima edición participaron expositores de más de 16 países quienes expusieron sobre las herramientas biométricas y su utilización para garantizar la identidad, la inclusión social y brindar servicios públicos, como ser la seguridad.
Con todo, se pretende sumar a través de estas líneas un poco más de información con el objetivo de echar luz sobre un tema controvertido y confuso, precisamente, por la falta de información. En definitiva, la biometría utilizada en el marco de proyectos que apunten a la mejora de calidad de vida de los ciudadanos, la mejora de eficacia en los Gobiernos y el bien común, es una de las mejores aliadas. Seguramente, el tacho de basura o el contenido que arrojamos en internet, brindará mucha más información de nosotros que los datos biométricos que el Gobierno custodia para darnos un mejor y más eficiente servicio.
Fuente: PuntoGov