El subsecretario de Tecnologías de Gestión, Eduardo Thill, quien encabezó la delegación argentina en el encuentro que tiene por lema: «La participación de los ciudadanos en la era del Gobierno electrónico: educación para la ciudadanía e inclusión digital», realizado en Lisboa, presentó el Programa Conectar.Igualdad a los participantes de la 13° Reunión de la Red Iberoamericana de Ministros.
En la declaración de Lisboa, los ministros acordaron el viernes pasado «propiciar prácticas de simplificación legislativa que contribuya para una mejor aplicación del espacio Iberoamericano y faciliten la participación de los ciudadanos en el proceso de decisión».
La declaración firmada por los representantes de Argentina, Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay, será elevada a la XX Cumbre Iberoamericana que se realizará en Mar del Plata entre el 3 y 4 de diciembre.
Tras la firma de la declaración, Thill comentó que el encuentro «deja en claro que vamos por el buen camino».
Agregó que en los debates con las delegaciones se observó el interés de todos en que «cada Estado tome medidas para acelerar la adopción de las nuevas tecnologías en todos los niveles sociales, haciendo especial referencia a la inclusión tecnológica en el sistema educativo».
Los delegados también acordaron «impulsar programas con vistas a tornar más simples, rápidas y eficaces las interacciones de los ciudadanos y las empresas con la Administración».
Además de compartir las diferentes experiencias de políticas implementadas para la reducción de la brecha digital, remarcaron la importancia de intercambiar información sobre «las formas de identificación electrónica y biométricas seguras y mecanismos de interoperabilidad para el desarrollo de los servicios electrónicos trasfronterizos en el espacio iberoamericano».
El punto 7 de la Declaración expresó el compromiso de «promover políticas y prácticas de inclusión digital u otros medios que faciliten acceso a los servicios electrónicos para que los ciudadanos puedan beneficiarse de las potencialidades de las TIC en condiciones de igualdad y universalidad, de modo de asegurar la cohesión social y territorial».
Los representantes de los gobiernos, que crearon esta red en 1996, promulgan que los gobiernos deben «aprovechar las potencialidades de las tecnologías de Información y de la Comunicación (TIC) para transformar los procedimientos de las administraciones».
A su vez sostienen que los gobiernos deben avanzar hacia un «modelo de administración más abierto, transparente y colaborativo, que permita responder de forma eficaz a los desafíos económicos, sociales, culturales y ambientales que se colocan a nivel mundial».
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