La aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una ley que concentra en una sola base de datos nacional la información que las personas tienen en diversos registros públicos ha generado una controversia en Ecuador en torno a las puertas que dicha ley podría abrir para que la privacidad de los ecuatorianos sea vulnerada.
La Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que una base de datos nacional centralizará la información que consta en los registros civil, de la propiedad, mercantil, societario, de propiedad intelectual, «y todos los registros de datos de las instituciones públicas y privadas que mantuvieren información registral de carácter público».
En dicho sistema tecnológico, que será administrado por una dependencia adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones, además se incluye a lo que la ley llama «datos de conectividad electrónica», sin ninguna especificación del alcance de dicha frase.
Y allí empieza la discusión en materia de privacidad. El ex presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Solines, dijo a BBC Mundo que al hablar de datos de conectividad electrónica la ley abre la posibilidad de que queden expuestos mensajes y llamadas de teléfono celular, correos electrónicos, entre otros aspectos.
«Creo que estas inexactitudes se han dejado a propósito para que luego, so pretexto de que algo ha sido datos de conectividad, se puede incluir cualquier cosa», señaló Solines.
En ello coincide el experto en tecnologías de la información, Hugo Carrión, quien manifestó a BBC Mundo que el término «datos de conectividad electrónica» no es técnico, y es proclive a varias interpretaciones que podrían afectar ámbitos de privacidad.
Falta especificidad
Carrión señaló que sería negativo que la ley se refiera a datos de las comunicaciones electrónicas, porque allí entrarían registros relativos al recurso numérico de los teléfonos, direcciones IP de computadoras (un registro numérico de una determinada máquina en una red informática), correos electrónicos y servidores, por lo que señaló que es necesario que la ley establezca un glosario que brinde especificaciones.
Frente a ello, la asambleísta oficialista Betty Amores, quien propuso la iniciativa legal, señaló a BBC Mundo que «esta ley lo que hace es regular los datos públicos, y el correo electrónico de las personas no es un dato público».
No obstante, Amores se mostró favorable a que el presidente de la República, Rafael Correa, incluya en un eventual veto parcial a la ley una clarificación de la expresión «datos de conectividad electrónica».
La asambleísta Amores señaló que con la ley se persigue que exista transparencia en la información sobre las personas que reposa en registros públicos, y que, por ejemplo, «se pueda determinar que las propiedades no sean mal habidas, sino que respondan a los reales ingresos de cada persona».
Sin embargo, el ex presidente de Conatel afirmó que la ley es «antitécnica», pues «no recoge los principios elementales de las legislaciones modernas sobre protección de datos personales», como el que el Estado pida a las personas solo los datos que considere estrictamente necesarios, y que la entidad que administra esos datos sea de carácter técnico, sin el control del poder político.
«Esta Ley implica riesgos para la privacidad y para el ámbito de los datos personales porque quien va a centralizar la información va a ser un órgano político, adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones», manifestó Solines.
Confidencialidad
Al respecto, la asambleísta Amores resaltó que la ley establece como confidenciales a los datos personales relativos a ideología, afiliación política, estado de salud, religión, entre otros «atinentes a la intimidad personal», los cuales no hacen parte del registro de datos públicos.
Pero Solines sostuvo que existen datos personales, como aquellos relativos al patrimonio personal, que están desprotegidos por la ley, «porque según la norma, cualquier persona, simplemente con su nombre, número de cédula, y una motivación de su pedido, puede acceder a información como la del patrimonio de una persona».
El presidente Correa tiene hasta fines de este mes para aprobar o vetar la ley.
Fuente: BBC Mundo
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