Buenos Aires, ¿Ciudad pirata?

La piratería es uno de los conceptos más confusos en los últimos tiempos. En la jerga diaria, se refiere tanto a las descargas ilegales de archivos por Internet, como a los «manteros» que venden «piratería» en las calles porteñas. Y también a los videoclubs ilegales y a los puestos de música y software de Parque Rivadavia. En la mira, están tanto los productores de materiales ilegales, como los distribuidores y consumidores.

«La palabra piratería tiene dos acepciones en el ámbito de los derechos de autor: una primera alude a cualquier violación a los derechos exclusivos que las leyes reconocen a los autores de la propiedad intelectual y, la segunda, hace referencia a la violación de estas facultades mediante la realización de copias sin autorización del autor o titular», define Monserrat Guitart Piguillém, Socia de Carranza Torres & Asociados. «Hablar de Piratería en este asunto es adoptar el discurso que pretende instalar la idea de que compartir es delito, que compartir cultura es similar a robar», afirma, desde Vía Libre, Beatriz Busaniche: «Esto es una herramienta de marketing para instalar en el sentido común de las personas algo que es completamente a contramano del sentido común».

Lo que está en discusión es quién es culpable y responsable de la falsificación: ¿usuarios? ¿manteros? productores? ¿consumidores? Hay varias aristas en este conflicto: definir si es ilegal descargar archivos para su uso personal, qué significa falsificar una obra y cómo una ley que data de 1933 (Ley 11.723) puede aplicarse a las nuevas tecnologías.

Desde el punto de vista de la Unión de Trabajadores de Sociedades de Autores (UTSA) la principal preocupación de los comerciantes de películas de DVD es la pérdida de fuentes de trabajo. Pero la UTSA no va ni contra los consumidores que compran discos falsificados o los descargan de Internet, ni contra los «manteros». La lucha es contra los empresarios invirtiendo en negocios ilícitos. «Hay que separar el problema del comercio ilegal sobre la venta física de CDs y DVDs de lo que se conoce como piratería», aclara Osvaldo Moreno, secretario adjunto de la UTSA y afirma: «en el ámbito de Internet se generalizó el concepto de que la descarga ilegal es un acto de piratería. Creemos que no es correcto, porque lo que se debe discutir es cuál es la ilegalidad de la descarga. El usuario paga por acceder al contenido y quien paga un derecho, no comete un acto de piratería». Para Moreno, esta confusión no es inocente ya que pretende generalizar el hecho de que todos somos piratas: «Los actores nuevos son las grandes empresas de comunicaciones y los proveedores de sistemas. Ellos son los que realizan las verdaderas descargas ilegales».

Por esta razón, el pasado 5 de agosto la UTSA junto con la Unión Argentina de Videoeditores (UAV), realizaron una marcha frente a la casa de gobierno reclamando una urgente intervención de las autoridades para frenar la venta de videos truchos en las calles porteñas. Desde entonces, el gobierno prometió hacer una mesa de trabajo para instrumentar la lucha con la piratería que todavía no prosperó. Nuevamente, lo que aquí está en la mira, son las organizaciones delictivas que proveen a cientos de comercios y manteros, el material ilegal.

La UTSA afirma que no se trata de levantar a los trabajadores, sino que hay que plantear una estrategia a nivel nacional que consiste en la recuperación del espacio público (y regularización de los trabajadores en negro conocidos como «manteros»), atender a la evasión de impuestos y entender que si el comercio ilegal es tan exitoso no es por un estado ausente, sino porque «se le entregó al público contenido con una buena calidad a precios muy económicos. No podemos ignorar esto». Por eso, Moreno plantea que también habría que buscar una estrategia para generar contenidos a un precio accesible. Para Beatriz Busaniche, los que tienen los derechos sobre una obra intelectual tienen el monopolio sobre ella y la posibilidad de poner precios exorbitantes: «No lo hacen porque tienen competencia, justamente, esta que tildan de ilegal. Habría que pensar con más claridad entonces este tema: hace falta que la cultura sea accesible, ¿cómo garantizamos condiciones de acceso a la cultura en un mercado como este?

Música ligera
CAPIF, en cambio, apunta hacia los consumidores, las descargas de archivos y los derechos de autor. La Cámara Argentina de productores de Fonogramas y Videogramas aporta datos estadísticos que indican que la música nacional es la que más se ve afectada por la piratería, ya que el 50% de las ventas legales corresponden al repertorio local. Además, informan que la cantidad de temas bajados sin autorización por Internet durante 2007 fue de 612 millones, lo que equivale a 40 millones de álbumes aproximadamente, cuando la venta legal de álbumes ese año llegó a 17 millones.

Pero estos argumentos están en discusión (ya que son estimativas las cifras de descargas y su relación con la cantidad de discos venidos) y hay varias organizaciones y artistas que trabajan para revertir estos conceptos, pues CAPIF defiende los intereses de las empresas discográficas, una industria que sufre los embates de las nuevas tecnologías.

Times Online (www.timesonline.co.uk), el sitio de los periódicos ingleses Times y Sunday Times, publicó un artículo que analiza minuciosamente la evaluación de la recaudación de la industria de la música del 2004 al 2008 y llega a la conclusión de que los ingresos de los artistas por presentaciones en vivo no han hecho más que crecer. No así ocurre con los ingresos de las discográficas, principales perjudicados por la llegada de las redes P2P que permiten descargar canciones por Internet.

Derechos de Autor, cultura libre, privatización del dominio público, Copyright y Copyleft son algunos de los conceptos que ayudarán a repensar estas problemáticas y que permitirán llamar a las cosas por su nombre para no mezclar a los piratas del asfalto con una tendencia social y cultural.

La venta callejera, en números
• El 33 % de la venta callejera ilegal corresponde al rubro juguetería y esparcimiento (CDs y DVDs), un 60 % corresponde a DVDs y un 40 %, a CDs.

Zonas de concentración de CDs y DVDs:
• Parque Rivadavia (38%), Av. Rivadavia (17%), Av. Cabildo (9%) y la Estación Liniers (8%).
• En el mes de noviembre de 2009 se detectaron un total de 1.425 puestos de venta callejera de todos los rubros, un 9,9% menos que en el mes pasado. Este porcentaje equivale a 156 stands menos que los divisados en el mes de octubre.

Top 5 de las calles más afectadas de venta ilegal en general:
1) Av. Pueyrredón al 300, 50 puestos de venta callejera.
2) Av. Pueyrredón al 200 con 38 puestos.