A partir del primero de enero todos los entes públicos del gobierno de la ciudad deberán usar la firma electrónica en los actos, trámites y procesos administrativos en que intervengan. Tendrán 180 días de plazo para actualizar sus reglamentos y sistemas para cumplir con la norma.
A partir del primero de enero todos los entes públicos del gobierno de la ciudad deberán usar la firma electrónica en los actos, trámites y procesos administrativos en que intervengan. Tendrán 180 días de plazo para actualizar sus reglamentos y sistemas para cumplir con la norma.
Con la firma electrónica se agilizarán y simplificarán los trámites y procedimientos que realizan las autoridades, incluidos los jefes delegacionales. También se sabrá qué funcionario emitió, modificó, autorizó o entregó documentos oficiales a los particulares, lo que abatirá la corrupción y la fuga de información.
Esta obligación forma parte de una nueva Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal promulgada en la Gaceta Oficial capitalina el 4 de noviembre.
Con esta nueva ley se pretende que notarios públicos, corredores públicos y empresarios incorporen la firma electrónica en todos los trámites que hagan ante las autoridades locales.
La ley sólo es obligatoria para el gobierno, pero en un artículo transitorio establece que los poderes Judicial y Legislativo, y los organismos autónomos adoptarán las medidas necesarias para cumplirla conforme a sus recursos humanos y presupuestales.
Continuará la firma autógrafa
La firma electrónica es parte de la estrategia de modernización administrativa, pero la ley precisa que no sustituirá los ordenamientos, procesos o trámites en los que se requiera la firma autógrafa o escrita.
Ambas firmas tendrán validez legal y los documentos en papel podrán ser habilitados en formato electrónico.
La nueva ley dice que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) difundirá entre empresarios locales el uso de ese instrumento digital, además de gestionar recursos y equipos para que todo el sector productivo y empresarial la adopte.
La Contraloría local emitirá los reglamentos y creará una Unidad de Firma Electrónica que oriente a empresarios, notarios y funcionarios sobre su uso.
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio la firma electrónica se utiliza desde el inicio del año, a través de un Sistema de Gestión Registral utilizado para trámites notariales, que redujo en más de 60% el tiempo de atención.
José Aarón Gómez, director jurídico del Registro Público, dijo que cada empleado tendrá en enero su firma electrónica para controlar el uso de más de 5 mil expedientes que se manejan al día en esa institución y garantizar la seguridad registral.
La firma electrónica tendrá varias claves de seguridad, llaves criptográficas y datos únicos que garantizan su inviolabilidad.
Explicó que ningún servidor público tendrá la posibilidad de modificar sin previa autorización o justificación el contenido de algún documento, como un folio real, pues se sabrá quién lo hizo y será sancionado.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/98613.html
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