El Sitel lo ha demostrado. Las nuevas tecnologías suponen más seguridad pero también menos privacidad.
La Red y el móvil son nuestros mayores delatores.
13/11/09
Ningún ciudadano podría atravesar España de punta a punta sin dejar rastro. Una cámara de seguridad, un pago con tarjeta de crédito, una llamada de móvil, una reserva de hotel por Internet o una simple consulta a nuestro correo electrónico bastarían para saber quiénes somos y dónde hemos estado. La sociedad dibujada por George Orwell en 1984 no parece algo tan lejano. La dicotomía entre seguridad y privacidad ha vuelto de nuevo esta semana a la actualidad por la denuncia que realizaba el PP la pasada semana.
El vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, alertaba sobre el uso ilegal que hacía el Gobierno de la herramienta Sitel, levantando una agria polémica que puede acabar cuestionando algunos de los procesos judiciales más importantes llevados a cabo en España en los últimos años. El Sitel es un fascinante y peligroso software informático capaz de interceptar las comunicaciones y que desvela datos sensibles y muy útiles para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de investigar a un sospechoso. Por ejemplo, nuestra identidad, nuestra posición geográfica, el contenido de nuestros correos electrónicos o nuestros SMS. Sitel ha sido desde su estreno en 2004 una poderosa arma en la lucha contra el terrorismo, el crimen, la pederastia y la delincuencia organizada, pero también es una peligrosa herramienta que, sin control, puede violar el derecho a la intimidad de los ciudadanos si su uso no está controlado, como denuncian el PP y algunas organizaciones como la Asociación de Internautas con su presidente, Víctor Domingo, a la cabeza. Pero el Sitel no es el único sistema que esta sociedad globalizada y virtual tiene para socavar nuestra intimidad.
Bancos de datos
Pensemos en un día cualquiera de nuestra vida. A las ocho de la mañana salimos de casa. Las diferentes cámaras de seguridad instaladas por la ciudad nos siguen. Algunas áreas de nuestros municipios nos alertan de que estamos en una zona videovigilada, por ejemplo, la de la calle Montera en Madrid.
Pero, en muchas otras calles, las cámaras instaladas en los edificios destinados a empresas o a tiendas nos siguen de cerca sin que nos enteremos. Quedamos grabados en sus retinas electrónicas. A las nueve entramos en nuestro trabajo. Encendemos el ordenador y nos conectamos a Internet. La dirección IP de nuestro equipo desvela nuestra posición. Chequeamos nuestro correo electrónico y mandamos un mail. Nuestra acción queda registrada en nuestro operador. A las diez decidimos bajar a tomar un café. Pagamos con tarjeta. Los datos de nuestra transacción electrónica son almacenados por visa, mastercard, etc. De vuelta al trabajo, hacemos una llamada mediante móvil. Nuestra compañía telefónica registra todos nuestros datos, nuestra posición geográfica, el número que marcamos, la duración de la llamada, etc. Estos son sólo unos meros ejemplos de las innumerables pistas que dejamos de manera inconsciente todos los días.
Por supuesto que los datos sobre nuestra tarjeta de crédito, las cámaras de seguridad o las llamadas que realizamos no están al alcance de cualquiera. De hecho, su acceso de forma legal sólo sería posible a través de un requerimiento judicial o por parte de un agente de policía. Pero algunos de los detectives privados consultados por esta revista reconocen que sólo con tocar las teclas adecuadas en las empresas, léase sobornando a las personas adecuadas, se pueden obtener estos datos.
Otra gran fuente de información para estos profesionales son las bases de datos que maneja la Administración. Nuestra vida laboral, los registros de la Seguridad Social, donde están indicados hasta los días en los que hicimos huelga, las bases de datos de la Agencia Tributaria, donde está nuestro patrimonio, o el censo electoral. Eso sí, su acceso es ilegal para el usuario común, a menos que lo requiera un juez.
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